CONDENAMOS Y EXIGIMOS RESPUESTA POR MASACRE EN RIO DE JANEIRO

CONDENAMOS Y EXIGIMOS RESPUESTA POR MASACRE EN RIO DE JANEIRO

Y hacemos nuestras las palabras del pronunciamiento del Centro de Estudios de Políticas Públicas sobre Derechos Humanos y el Programa de Posgrado en Políticas Públicas sobre Derechos Humanos (PPDH) de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, que a continuación expresa:

"...su pesar y repudio a la mayor y más sangrienta operación policial en la historia de Brasil, que comenzó la mañana del martes 28 de octubre en las zonas densamente pobladas de Penha y Complexo do Alemão. Si bien la pena de muerte está prohibida por la Constitución brasileña de 1988, el número de fallecidos supera los 130. Todas las víctimas eran residentes de estas zonas, en su gran mayoría jóvenes negros (negros y mestizos, además de cuatro policías). Ante tal magnitud, resulta difícil determinar las motivaciones de estas muertes, más allá de una clara intención premeditada de llevar a cabo una confrontación bélica cuyo resultado esperado era una masacre. Los habitantes de estas comunidades son familias que necesitan ir a trabajar cada día y enviar a sus hijos a la escuela. La masacre planificada no ignora esta realidad, sino que la incluye en su objetivo."

"La “necropolítica” del gobernador Cláudio Castro se manifiesta en la lógica colonial de la limpieza étnica, con la criminalización de las periferias y las favelas y la normalización de las ejecuciones sumarias, manipulando el odio y el resentimiento para gobernar mediante el miedo, la crueldad y la morbosidad. Esto incluye atacar y criminalizar las voces del sufrimiento, el dolor y la búsqueda de una política alternativa que considere la justicia social, racial y ambiental, así como la diversidad, para una vida digna."

"La violencia en Río de Janeiro tiene uno de sus orígenes en la crisis económica mundial, que se prolonga desde hace décadas. El empleo escasea y una parte importante de la juventud ve cómo sus vidas se desmoronan por el desempleo y el abandono escolar. Cuanto más profunda es esta crisis, que sume a la sociedad en un lento y continuo colapso, más se reducen las perspectivas de futuro para este segmento de la juventud. Los dilemas y las angustias familiares de estos jóvenes no se aliviarán ni se resolverán con acciones que convierten la violencia derivada de la ruptura de los lazos sociales en el motivo de una violencia estatal desproporcionada y redoblada. Cuando un gobernador decide emprender tales acciones, presupone que estas vidas no merecen ser vividas. En su opinión, las muertes resultantes son deseadas. Decir que, al decidir basándose en estas intenciones, el gobernador ignora el derecho a la vida de los niños, las mujeres, los jóvenes desesperados y los adultos con empleos precarios y mal remunerados —ciudadanos como cualquier otro— es quedarse corto. Porque, en realidad, lo que desprecia son también derechos consagrados en las constituciones de pueblos de todo el mundo desde 1776. Desprecia lo que hizo que la sociedad moderna y el Estado fueran distintos de la arbitrariedad y los privilegios que imperaban en el pasado. Las declaraciones de Derechos Humanos que se sucedieron desde el siglo XVII, y que marcaron el fin de la Segunda Guerra Mundial con la Declaración de la ONU de 1948, contienen principios elementales sobre cómo las leyes deben proteger la vida de todos, sin distinción de raza, clase, sexo o nacionalidad. Lo que hace el gobernador es declarar una guerra de masacre contra estos ciudadanos."

"Según el Centro Nacional de Estudios en Derechos Humanos (NEPP-DH) y el Programa de Posgrado en Políticas Públicas en Derechos Humanos (PPDH) de la Universidad Federal de Río de Janeiro, al afirmar que la organización del narcotráfico y el comercio ilícito constituyen un grupo de "narcoterroristas", Claudio Castro instrumentaliza al Estado y usurpa estas vidas con fines puramente ideológicos y electorales. No es novedad que el actual presidente de Estados Unidos utilice esta misma caracterización para legitimar los bombardeos ilegales contra buques en Centroamérica, y que las acciones de la mañana del 28 coincidan con el despliegue del portaaviones más grande del mundo en la región y con la intención de impulsar estas agresiones. Como se puede observar, no se trata solo de una declaración de guerra contra la población civil, sino de una guerra contra la soberanía del Estado brasileño, que afecta la vida de más de cien personas negras y marginadas."

"Expresamos nuestra solidaridad con las familias de los asesinados y esperamos que los responsables de esta masacre rindan cuentas ante la justicia."

Como FEDEFAM, exigimos respuesta de las autoridades competentes y que las instancias judiciales realicen de inmediato acciones de investigación, para revelar verdad, preservar pruebas y exigir rendición de cuentas ante la justicia.

FEDEFAM

Federación de Familiares de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos de América Latina

30 de octubre de 2025