El 30 de agosto como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas fue una fecha impulsada originalmente en América Latina por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM).

 

En 1981, cuando la desaparición forzada era una frase sin nombre ni categoría legal, propusimos esta fecha, el 30 de Agosto, como el Día Internacional del Detenido-Desaparecido. Treinta años después, en 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas la adoptó oficialmente como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

 

Este año, el 30 de agosto llega apenas unos días después de que FEDEFAM presentara una declaración escrita ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con motivo del vigésimo aniversario de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Es un buen momento para detenernos y hacer, otra vez, lo que venimos haciendo desde hace más de cuatro décadas: apoyar a las víctimas y pedir justicia para sus familias.

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Lo que la Convención reconoció y FEDEFAM ya sabía

 

La Convención, adoptada en 2006 por las Naciones Unidas, establece algo que las familias agrupadas en FEDEFAM veníamos afirmando desde mucho antes: que la desaparición forzada es un delito continuo, que no termina hasta que se conozca el paradero de la víctima. Hoy, más de 70 Estados forman parte de la Convención. Este número no solo mide las ratificaciones alcanzadas: representa todas las veces en las que insistimos, en las que luchamos, en las que alzamos la voz por las víctimas sin un momento de sosiego.

 

Nuestro continente no solo ratificó la Convención: la hizo carne en los tribunales. Los juicios argentinos por los crímenes de la dictadura militar, hoy estudiados como modelo en el resto del mundo, tienen su origen, entre otros antecedentes, en el trabajo pionero de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en 1983. Chile y Uruguay también avanzaron con condenas ante tribunales especializados. Colombia, a través de su Comisión de la Verdad, documentó más de 80.000 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado. En Argentina, el Banco Nacional de Datos Genéticos ya permitió reunir a más de 140 niños y niñas con sus familias biológicas.

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Lo que hoy seguimos exigiendo

 

Pero conmemorar no es celebrar. Este día también es para nombrar lo que sigue sin resolverse. México atraviesa hoy una de las crisis de desaparición más agudas de la región, con más de 130.000 personas desaparecidas o no localizadas. Los laboratorios forenses están desbordados, miles de restos humanos siguen sin identificar y son las propias familias organizadas en colectivos de madres buscadoras quienes cavan la tierra con sus manos, muchas veces bajo amenaza. En Guatemala, El Salvador y Honduras, países que sufrieron lo más crudo del terror de Estado, la impunidad sigue siendo la regla, no la excepción.

 

La desaparición forzada, lejos de ser un fantasma del pasado, reaparece hoy bajo nuevas formas: vinculada al crimen organizado, a la migración y a los estados de excepción en países como El Salvador y Ecuador, donde operaciones de seguridad han derivado en detenciones masivas que difuminan la línea entre el crimen organizado y los agentes del Estado.

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​Una fecha, una demanda

 

Cada 30 de agosto es un recordatorio de que esta fecha existe porque las familias la impusimos, no porque nos la concedieron. Y sigue existiendo por la misma razón: porque mientras haya una sola familia sin saber dónde está quien busca, la fecha, y la lucha, continúan.

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FEDEFAM presentó una declaración escrita ante el 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (7 de septiembre–9 de octubre de 2026), con motivo del vigésimo aniversario de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.